En su lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente, la Comisión Europea (CE) está impulsando el llamado Pacto Verde Europeo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % hasta 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050.

En línea con esos objetivos, la CE ha lanzado la estrategia «De la granja a la mesa»; en el ámbito alimentario que plantea ampliar al 25 % la superficie agraria europea dedicada a los cultivos ecológicos y reducir el uso de fertilizantes en un 20 % y el de fitosanitarios y antibióticos en un 50 % para 2030.

La postura de las organizaciones agrarias

El director de Relaciones Internacionales de la organización agraria Asaja, Ignacio López, señala a Efeagro que hay que esperar para ver si finalmente los planes de la Comisión se traducen en medidas vinculantes, en cuyo caso tendrán un impacto «no muy halagüeño».

Vaticina que los costes de producción se incrementarán, así como los precios que deberán pagar los consumidores, y aumentará la dependencia de las importaciones de fuera de la UE.

La nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027 incorpora mayores exigencias ambientales, cuestiones a las que España dedicará hasta un 43 % del gasto.

En dicha reforma, López destaca que la digitalización cumplirá un papel «fundamental», junto a nuevas tecnologías como los drones, los sensores y otras herramientas de la agricultura de precisión para racionalizar el uso de los recursos naturales.

Para lograrlo, aboga por destinar inversiones y legislar desde la evidencia científica, empleando «reciprocidad y coherencia en las relaciones comerciales»; para poder competir en los mercados internacionales.

El miembro de la Ejecutiva de COAG Andoni García considera que deben darse bastantes cambios para lograr los objetivos de la Comisión, para lo que reclama apoyo económico y una nueva política de precios que permita reflejar los costes de producción y evitar que estos sigan externalizándose.

Sobre el aumento de la superficie ecológica, sostiene que se tienen que poner medios y campañas con el propósito de fomentar el consumo de estos productos entre la población.

«Tal como se ha diseñado la PAC, los instrumentos de mercado son insuficientes y el agricultor que vive de la actividad agraria no se verá priorizado»; en el reparto de las ayudas, apunta García.

El responsable de COAG expresa el compromiso de los productores con el medio ambiente y pide apoyar su tránsito hacia modelos más sostenibles con leyes como la de la cadena alimentaria, que impide vender en España por debajo del coste de producción.

Por parte de UPA, su secretario de Relaciones Internacionales, José Manuel Roche, defiende la sostenibilidad en su sentido más amplio, entendida como un «equilibrio»; entre la parte económica, la social y la ambiental.

«Apostamos por el modelo de agricultura familiar porque realiza una actividad sostenible que se debe apoyar», afirma Roche, a favor de fortalecer la posición de los productores en la cadena.

Llama a establecer un apoyo presupuestario aparte de la PAC para que los agricultores se adapten a las nuevas estrategias comunitarias y alerta de que una disminución drástica de los productos fitosanitarios les puede suponer un problema en su actividad.

La competencia desleal de terceros países y la pérdida de competitividad son otras de las cuestiones que inquietan a UPA si los productos agroalimentarios que entran en el mercado interno no cumplen los mismos estándares que los europeos.

Las cooperativas buscan rentabilidad

El director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, cree que faltan indicaciones sobre cómo cambiar de modelo productivo, financiar las reformas y lograr resultados antes de 2030.

«Se han establecido unos grandes objetivos que hay que alcanzar, pero realmente no tenemos la respuesta de hacia qué modelo tenemos que ir, más allá de las indicaciones dadas al sector en cuanto a reducir las sustancias activas o limitar las producciones», afirma.

Trenzado insiste en que «va a ser difícil que el sector cambie a un modelo medioambiental más exigente si no hay ciertas garantías de rentabilidad«, ya que compite en un mercado abierto en el que necesita que «las políticas económicas le ayuden a tomar decisiones adecuadas».

Recuerda que las explotaciones agropecuarias y las cooperativas «son negocios que tienen que ser rentables»; y concluye: «No va a haber economía verde en números rojos».