Cinco claves para avanzar en la regulación de los plaguicidas en Chile
Si bien en el SAG reconocen que la normativa actual es una de las más exigentes de América Latina, existen temas pendientes para alcanzar los estándares de Europa y Estados Unidos, como los requisitos para comprar productos, los registros de aplicaciones y la capacitación. Expertos recalcan que también falta un compromiso de Estado para disminuir el uso de agroquímicos a futuro.
Las estadísticas internacionales muestran que Chile se ubica entre los países con niveles más altos de uso de plaguicidas a nivel mundial, con un total de 10,7 kilos de agroquímicos por hectárea arable al año 2009, según los últimos datos disponibles de la OCDE, frente a un promedio de 0,21 kilos que tienen los países miembros de la organización.
El desarrollo que ha tenido la fruticultura en las últimas décadas es uno de los factores que explicaría por qué se registran esas cifras, ya que al tratarse de una producción que está orientada a las exportaciones, con protocolos fitosanitarios de acceso a los mercados más exigentes, se requiere estar libre de plagas y enfermedades, lo que se traduce en una mayor presión para el uso de químicos en los huertos.
Si bien el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) -la institución encargada de autorizar y fiscalizar la comercialización y uso de los agroquímicos- reconoce que existen ejemplos internacionales que se podrían incorporar para optimizar la utilización de estos productos, resalta que Chile tiene una de las normativas más exigentes de Latinoamérica y que existe una diferencia de parámetros de medición con los indicadores de la OCDE, por lo que las cifras nacionales serían más bajas.
«Ellos miden la cantidad real del ingrediente activo que se aplica, pero en Chile, por norma, los distribuidores de plaguicidas tienen que declarar cuánto vendieron, por lo que se informa el volumen del producto formulado, que contiene más elementos», explica Ignacio Figueroa, jefe de la sección de inocuidad de la División de Protección Agrícola y Forestal del SAG, y adelanta que están trabajando en desarrollar un sistema que permita equiparar los datos para hacerlos comparables.
Más allá de esa diferencia, las exigencias para la distribución, venta y uso de estos productos en los países desarrollados abarcan aspectos que a nivel nacional todavía no han sido considerados, ya que disminuir su utilización -en muchos casos por la presión de organizaciones de consumidores y ambientales- se ha convertido en política de Estado.
Entre esas exigencias está contar con un carné que certifique que, tanto asesores como distribuidores y quienes aplican los fitosanitarios, han realizado un curso de manejo de los productos, y el requerimiento de una orden escrita para comprarlos, equivalente a una receta médica, medidas que permitirían contar con una trazabilidad completa de los agroquímicos, lo que hasta ahora en Chile termina en la comercialización.
A eso se suma la necesidad de mejorar la disponibilidad de información sobre los volúmenes de venta de los productos, que tienen un desfase de más de dos años, entre que los recibe el SAG y se publican como datos oficiales, lo que dificulta la toma de decisiones y evaluaciones en materia de políticas públicas.
Registros casi en tiempo real
Frente a casos como la contaminación de algunas partidas de la pasta de poda de Anasac, ocurrida el año pasado, contar con un registro detallado del uso de agroquímicos en cada predio, similar al sistema que se utiliza en Estados Unidos, habría permitido tener un diagnóstico oficial rápido de las hectáreas y agricultores afectados.
En el estado de California de ese país se exige que los agricultores informen mensualmente cuántos productos fitosanitarios usaron el mes anterior, qué volumen, en qué cultivo, quién se lo recomendó y para qué, lo que completan en un formulario estándar que luego se transforma en datos públicos, con un desfase de poco más de un mes.
«En el caso de Chile, no sabemos nada de eso. Tenemos estimaciones de cuántos son los plaguicidas que se aplican, pero si queremos saber cuánto se usó el mes pasado de un insecticida específico, por ejemplo, no tenemos ninguna información», explica Carlos Quiroz, investigador del Inia Intihuasi, experto en el manejo integrado de plagas.
De hecho, desde el SAG indican que recién están terminando de procesar los datos de 2013, debido a lo engorroso que les resulta recopilar la información y verificar que los distribuidores no estén informando dos o más veces un mismo producto, ya que las cifras se basan en las ventas de la industria y no en el uso que declaran los productores, como lo hacen los californianos.
«No es fácil manejar la información, porque la recibimos al año siguiente del que se generó y antes de digitarla tenemos que ver cuántos la declararon, para ver si faltan distribuidores, que deben ser alrededor de 450 en el país», señala Ignacio Figueroa.
Pese a ese desfase en la publicación de los datos, añade que el SAG realiza alrededor de 4.400 fiscalizaciones al año en los puntos de venta y en los campos, para corroborar que lo que se comercializa corresponde con lo que el servicio ha autorizado, que los productos se almacenen cumpliendo con las exigencias que establece el Ministerio de Salud y que los que han caducado se eliminen en forma correcta.
Exigir credencial y receta
Al igual que como ocurre con algunos medicamentos en las farmacias, en varios países se exige una «receta» o la orden de un asesor acreditado para vender un fitosanitario, que especifica el tipo de producto y la cantidad, a lo menos para los que tienen un mayor nivel de toxicidad o riesgo, que corresponden a la categoría 1a y 1b, rotulados con color rojo, de los cuales en Chile se comercializan alrededor de 70 actualmente.
«Es un aspecto que falta regular en Chile, para que haya más orden y control en cuanto a la adquisición, porque hoy cualquiera puede recomendar un agroquímico e ir a comprarlo sin ningún papel», explica Roberto González, entomólogo de la Universidad de Chile que asesora a la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex) en materias fitosanitarias, aunque asegura que, en general, los agricultores no abusan del uso de estos productos.
Una visión similar tiene Arturo Correa, quien diseñó la mayoría de los programas de fiscalización de plaguicidas que existen hoy en Chile, y que actualmente está en África, en Guinea Ecuatorial, como consultor de la FAO en esta materia. «Creo que es necesario establecer la prohibición de la venta libre de plaguicidas para los que tienen la categoría toxicológica 1a y 1b, II y III, para que se realice a partir de una recomendación técnica justificada, entregada por un ingeniero agrónomo capacitado», propone.
La necesidad de fijar ese requisito recaería en que, si la compra no es resultado de una recomendación responsable, puede convertirse en una fuente potencial de contaminación de suelos, aguas o alimentos, al no saber cuál es la dosis adecuada.
Respecto de este punto, desde la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Fitosanitarios Agrícolas (Afipa) afirman que, según la evidencia internacional, la herramienta más eficaz para el buen uso de los fitosanitarios es la capacitación. «En ese sentido, Chile cuenta con herramientas como los cursos de reconocimiento de aplicadores del SAG y exigencias incorporadas recientemente por el Ministerio de Salud», menciona la gerenta general, María Elvira Lermanda.
Por su parte, Ignacio Figueroa plantea que es una medida que se tiene que evaluar de acuerdo con cuán operativa sea en la práctica, considerando la realidad nacional. «Hemos visto que no es tan simple y, a mi parecer, hay que ver a quién se autoriza para que entregue esa receta, y eso va asociado con otros temas», comenta.
Pero para exigir una «receta» al comprar un plaguicida, las normativas de la mayoría de los países de la OCDE establecen un paso previo: que el distribuidor y el asesor, a lo menos, tengan una credencial que acredite que se han especializado en el manejo de los fitosanitarios, algo que también se exige para quien aplicará el producto.
En Chile, el SAG también entrega ese carné a quienes realizan los cursos que ofrecen de manejo de plaguicidas, pero tener ese documento no es un requisito obligatorio y es visto como una medida difícil de implementar, debido a que existen más de 300 mil unidades productivas. Sin embargo, desde que existe el programa, el organismo ya ha entregado alrededor de 50 mil credenciales de aplicadores de plaguicidas en el país.
Fiscalizar los equipos
Otro aspecto relevante que falta por regular en el país, que no solo apunta a disminuir los riesgos para las personas, sino que también a una mayor eficiencia y productividad, es el estado de las maquinarias y equipos que se usan para las aplicaciones.
En Afipa reconocen que es un punto prioritario para que el manejo de los productos sea eficiente y se minimicen los riesgos para la salud y el medio ambiente, porque -aun si se cumple con todas las indicaciones de las etiquetas- si un equipo no está bien calibrado, la aplicación no se va a realizar en forma correcta. «Todas las medidas tendientes a mejorar la eficiencia de la aplicación y la minimización de riesgos serían un aporte significativo para la productividad y seguridad», afirma María Elvira Lermanda.
En al menos 20 países europeos, por ejemplo, actualmente es obligatoria la inspección de todos los pulverizadores hidráulicos y su calibración, e incluso en la Comisión Europea se ha establecido que, al año 2020, esas inspecciones se deben realizar como máximo cada cinco años.
Como parte de una propuesta completa de normativas que se deberían incorporar en materia de plaguicidas en Chile, Arturo Correa y Carlos Quiroz plantean que, en este ámbito específico, se deberían establecer estándares técnicos que tengan que cumplir los equipos de fumigación, además de fijar protocolos oficiales para su revisión y formar inspectores especializados para fiscalizarlos.
También proponen que cada usuario debería registrar las máquinas y equipos que utiliza para aplicar plaguicidas y que, si cumplen con la inspección, reciban una certificación y un distintivo para pegarlo en los aparatos.
Manejo integrado
El monitoreo que cada agricultor sigue en su predio también es clave para disminuir el uso de plaguicidas, ya que en muchos predomina el concepto de «prevenir es mejor que curar» y aplican agroquímicos sin que sea necesario, especialmente en el caso de los insecticidas.
Aunque recalca que el vuelco que se debe dar no es necesariamente a prescindir de estos productos ni a cambiarse a un sistema de producción orgánica, Carlos Quiroz cree que sí hace falta incorporar medidas como el control biológico de insectos y monitorear con más detalle las condiciones de humedad y temperatura.
«Los plaguicidas son absolutamente necesarios, pero muchas veces hay aplicaciones que están de más y que se hacen para dormir tranquilo. Lo que pasa es que monitorear y llevar registros puede ser más engorroso para los productores, por lo que es importante que exista un apoyo oficial para impulsarlo», afirma.
En cuanto a los resultados, Quiroz comenta que en el INIA hicieron un estudio con uva de mesa y manzanas con sus principales enfermedades, el oídio y la venturia, respectivamente, siguiendo las condiciones ambientales que podrían propiciarlas, con lo que lograron reducir la cantidad de aplicaciones de agroquímicos.
Sin embargo, Roberto González plantea que la mayor limitante para los agricultores es el temor a quedar fuera de un mercado por tener presente una plaga o enfermedad, porque las sanciones de los países son peores cuando reciben eso que el residuo de un plaguicida. «Ninguno de los productores quiere arriesgarse, pero las buenas prácticas agrícolas están imperando en Chile desde hace más de dos decenios, como el manejo integrado de plagas, y no hacemos exageración o abuso del uso de productos», insiste.
María Elvira Lermanda añade que, desde 2001, la organización está promoviendo las capacitaciones en manejo integrado de plagas, principalmente entre las regiones de Valparaíso y Maule, donde solo en 2014 participaron 6.300 trabajadores agrícolas.
Compromiso real del Estado
El año pasado, Francia presentó un plan que busca disminuir el uso de agroquímicos en 50% al año 2025, que debe llegar a lo menos a una baja de 20% en 2020, con medidas que incluyen bonos y penalizaciones para quienes no logren el objetivo, algo similar a lo que en algunos países se ha implementado para el ahorro de energía.
Si bien en muchos casos esos requerimientos surgen por una exigencia por parte de los consumidores, desde Chile también es visto como un elemento de competitividad, sobre todo para la exportación de frutas, que tiene a Europa y otros mercados que están siguiendo este tipo de iniciativas entre sus principales destinos.
«Se ha avanzado en el marco general de una política nacional de inocuidad y plaguicidas, y en la generación de buenas prácticas de uso de estos productos, que sienta las bases de una mirada país. Sin embargo, es el momento de mejorar el trabajo en el área chica, realizando acciones más conductoras y que marquen efectivamente el inicio de una segunda etapa», propone Arturo Correa.
En ese sentido, el investigador Carlos Quiroz cree que está pendiente que se establezcan estímulos y un compromiso real del Estado en esta materia, ya que es muy poco probable que los cambios que se requieren los realicen los agricultores por iniciativa propia.
«En el INIA hemos hecho recomendaciones para la reducción del uso de plaguicidas, pero si no existe ese aval del Estado, es muy difícil que lo incorporen, porque también son cosas que tienen sus riesgos», explica, y agrega que el desarrollo de políticas públicas en esta materia también debería ser visto como un plus para el país, que ya tiene ganado un prestigio internacional en la exportación de frutas y debe mantener su nivel de competitividad a futuro.
En el SAG reconocen que existen desafíos pendientes y que siempre se puede mejorar en las regulaciones y exigencias para los plaguicidas, pero destacan que Chile es reconocido en la región y que participan en las distintas mesas de trabajo que existen en el país sobre el tema. «Chile es una vitrina y tiene un muy buen estándar. Nosotros capacitamos a nuestros homólogos de otros países y eso es porque están viendo que la normativa, que siempre es mejorable, se está haciendo de forma que propenda a lograr una mayor seguridad en el uso de los productos. Siempre se puede hacer algo más, pero el que se haga más rápido o lento depende de otros factores», sostiene Ignacio Figueroa.
4.400 fiscalizaciones realiza al año el SAG, tanto a distribuidores de agroquímicos como a los agricultores.
US$ 6.300 millones invierte al año en I+D la industria mundial de agroquímicos. Dentro de diez años se lanzarían 30 nuevos productos.
Fuente: Revista del Campo
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