Lograr la aprobación del Congreso a nuestra indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas no será tarea fácil, pero nuestra apuesta es que sea ley antes de que termine el mandato del Presidente Sebastián Piñera.

Con esta indicación nos hacemos cargo del problema de escasez hídrica y efectos del cambio climático que se agudiza.

Este desafío debió haberse abordado mucho antes, debido a que había un sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, tanto superficiales como subterráneas, lo que claramente constituye una falla de las políticas públicas en materia hídrica.

En consecuencia, hay múltiples razones para tramitarla con rapidez.

El proyecto enviado por el gobierno anterior se centraba en modificar el régimen de derechos de agua con el objetivo de asegurar la disponibilidad del recurso para consumo humano. Nosotros también priorizamos el consumo humano, pero hay que tener en cuenta que es solamente el 12% de los usos del agua, y pensamos que, para efectos de lograr este objetivo, que es prioritario, además de crear mejores incentivos para la conservación y dotar al Estado de más y mejores instrumentos para administrar la escasez de agua, hay vías más efectivas que sólo limitarse a modificar el régimen de derechos de agua.

Lo que planteamos en la indicación es la obligación de la Dirección General de Aguas (DGA) de elaborar planes estratégicos de gestión de recursos hídricos.

Actualmente existen 101 cuencas en Chile, por tanto, es algo que no se puede hacer de inmediato, pero esperamos que en los próximos tres años se hagan estos planes para las 30 cuencas más prioritarias por lo menos.

Nuestra indicación sustitutiva también abarca el manejo de los acuíferos subterráneos, porque las normativas al reglamento que se han ido generando no están actualmente en la ley, y esos son los instrumentos necesarios para declarar agotamiento de fuentes, medidas de redistribución, zonas extraordinarias de sequía, o de reducción de las extracciones, tanto de los acuíferos subterráneos como de las captaciones de los ríos.

En general, los problemas que hemos detectado se deben a temas de gestión, más que de legislación. Hay que invertir más en sistemas de agua potable rural. En el gobierno del Presidente Piñera tenemos un programa muy ambicioso de inversión y de implementación de medidas para que tengan agua suficiente. Esto implica que el Estado compre derechos de agua cuando falten esos derechos y que tenga la disposición, aplicando la legislación actual, de expropiar derechos de agua si es que no se los venden, porque hay faltas.

Por otro lado, estamos haciendo modificaciones destinadas a hacer de la conservación del agua una prioridad, a través de la creación de la figura de los derechos de aprovechamiento de agua que son para conservación, de tal manera que esté la posibilidad de que privados, ONG, e incluso el Estado, constituyan derechos de agua para la conservación, con nuevos derechos o con los derechos que hoy tienen. Actualmente, la DGA puede denegar un derecho de agua para mantener esa agua como reserva, pero no puede tomar la iniciativa.

En nuestra gestión también está la creación de un panel de cinco expertos, independientes de la DGA, que sean quienes aprueben las medidas que tome la DGA en esta materia.

Respecto a la certeza jurídica, estamos convencidos que es la que permite que diversos agentes económicos, tanto personas como empresas, puedan beneficiarse si ahorran agua, dando los incentivos adecuados para el buen uso del recurso, porque tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos va a continuar siéndolo.

De todas formas, mantenemos lo que existe, que es la duración indefinida de los derechos de agua y la transferibilidad de ellos, pero hacemos una modificación en cuanto a que los nuevos derechos en el momento de otorgarse sean por licitación o remate, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que se otorgan gratuitamente y sólo hay remate si hay más de un oponente.

Además, estamos replicando lo que venía en el proyecto anterior respecto a aumentar la tasa de la patente por no uso, debiendo pagar el doble cada cinco años, en caso de no usar el recurso. Este es un buen instrumento para combatir el acaparamiento de derechos de agua por razones especulativas.

Finalmente, debido a que hay bastante mora, estamos mejorando los mecanismos de cobranza de las patentes. Por ejemplo, para el 2017 estimamos hubo USD 70 millones no recaudados de patentes por no uso, que debieron haberse cobrado y no fueron cobradas, por lo que estamos reforzando los equipos fiscalizadores.

En definitiva, esta reforma lo que se busca es darle al Estado instrumentos más eficaces para enfrentar los temas de cambio climático y escasez de agua, fortaleciendo la prioridad en cuanto a conservación y manteniendo los derechos ya constituidos. Respecto de los nuevos derechos, el gobierno anterior proponía acotarlos en su plazo de duración, sistema que creemos es inconveniente, porque el plazo es muy corto como para hacer una segunda o nueva plantación frutal, e implica una enorme dificultad de fiscalización.

Lograr la aprobación del Congreso a nuestra indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas no será tarea fácil, pero hay múltiples razones para tramitarla con rapidez.